El estado de excepción que se planteó como una medida excepcional en El Salvador debido a un incremento de homicidios en marzo lleva más de dos meses en vigor.

En estas pocas semanas, las autoridades dicen que han detenido a 35.000 personas supuestamente vinculadas con las pandillas, lo que ha duplicado el número de recluidos en las cárceles del país

Según el presidente, Nayib Bukele, es esta actuación de «mano dura» la que explica que las cifras de asesinatos se hayan vuelto a reducir en algunos días hasta cero.

Pero organizaciones humanitarias critican duramente que muchas de estas detenciones se hagan de manera «totalmente arbitraria» y sin respetar ningún tipo de garantías para los arrestados gracias al estado de excepción vigente.

Tras varias semanas de investigación en el país centroamericano, Amnistía Internacional presentó este jueves un informe en el que documentó una treintena de casos en los que se demuestran «violaciones masivas de derechos humanos», detenciones realizadas sin evidencias sólidas de pertenencia a las pandillas y violaciones al debido proceso judicial.

En entrevista con BBC Mundo, su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, destaca la necesidad urgente de poner fin a estas medidas excepcionales al considerar que no ofrecen justicia a las víctimas de las pandillas y critica que Bukele, que lleva tres años como presidente, no haya cumplido con su palabra de respetar los derechos humanos en el país.

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¿Cuál es el balance que hace Amnistía Internacional de este estado de excepción decretado en El Salvador hace ya más de dos de los meses?

Sin lugar a dudas, estamos frente a un contexto no visto antes en términos de la masividad de las violaciones a derechos humanos. Las propias cifras del gobierno establecen que se han detenido en este período a 35.000 personas. Esto duplica la población de personas privadas de libertad que había en El Salvador, que ya de por sí era enorme y de gran preocupación debido a las condiciones de hacinamiento en las cárceles.

Antes era el segundo país del continente con la tasa de población carcelaria más alta, 562 personas por 100.00 habitantes, solo después de Estados Unidos. Pero hoy, con 1.150 personas, ya lo ha superado. Estamos hablando que casi del 2% de la población adulta del país se encuentra privada de la libertad. Es muy alarmante.

¿En qué condiciones y por qué motivos se están realizando estas miles de detenciones?

Lo que hemos encontrado a través de la documentación de casos, testimonios y entrevistas con familiares, organizaciones y funcionarios, es que se están realizando detenciones masivas sin el mínimo requerimiento legal, sin una orden de aprehensión administrativa o judicial.

Este régimen de excepción brinda una herramienta a la policía para detener personas simplemente porque son percibidas con el estereotipo estigmatizado que ha creado el propio presidente Bukele.

¿Quiénes son esas personas?

Es gente joven que vive en comunidades marginalizadas, en situación de pobreza o en zonas controladas por una pandilla. Son personas que tienen tatuajes, que tienen familiares en pandillas o que son señaladas simplemente a través de líneas anónimas de teléfono o internet para que sean detenidas.

¿Cómo están siendo los procesos judiciales para estos miles de detenidos?

Hemos documentado audiencias donde se presentan ante las autoridades entre 300 y 500 personas con una sola defensora pública, que ni siquiera tuvo posibilidad logística de revisar los casos. La mayoría de personas son enviadas a través de la prisión preventiva a una situación prolongada de detención, sin que se hayan iniciado juicios con sentencia firme contra ellas.

Antes ya había un rezago procesal en donde casi el 35% de la población carcelaria se encontraba en prisión preventiva prolongada sin juicio, no se sabía si eran culpables o no. Si ahora sumas estas 35.000 personas, es un panorama bastante complejo. Este régimen de excepción se utiliza como excusa para no realizarse procesos judiciales bajo las normas de un juicio justo y de presunción de inocencia.