Ante los recurrentes adeudos del INAH con especialistas contratados por Capítulo 3000, esquema que los priva de reconocimiento como personal del Instituto y, por tanto, de prestaciones, las y los titulares de proyectos de investigación arqueológica en Teotihuacán, Bonampak, Cuicuilco y San Juan de Ulúa han suspendido labores hasta que se regularicen «de forma definitiva» los sueldos de sus colaboradores.
Y a ellos se ha sumado el proyecto de etnohistoria «Las rutas del comercio, los mercados y la cocina en México».
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría Técnica del INAH al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD), la cifra de personal requerido por el INAH en la referida modalidad, al 19 de febrero de 2022, era de 398 para 204 proyectos. Son casi la mitad de los 829 investigadores de base empleados por el Instituto en todo el País.
Los titulares de los cinco proyectos mencionados notificaron la decisión de paro a la Presidencia de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y de Cultura.
Lo hicieron a través de cartas, fechadas el mes pasado, y entregadas por el SNPICD el 10 de agosto, en las cuales indican que el retraso en la adjudicación de recursos presupuestales «trastoca por completo el desarrollo del Proyecto», impide «cumplir las metas y objetivos programados en tiempo y forma» y deja sin sueldo al personal contratado en el referido esquema.
En los cinco proyectos permanecen adscritos 11 especialistas que carecen de remuneración puntual. Cuatro de ellos han laborado desde 2008 en el Proyecto Arqueológico Bonampak; dos, desde 2009, en el Proyecto de Investigaciones Arqueológicas de San Juan de Ulúa; otro desde 2014 y uno más desde 2015 en el Proyecto Arqueológico Cuicuilco; dos, desde mayo pasado, en el Proyecto Primeras Ocupaciones de Teotihuacan, y una desde 2021 en el Proyecto «Las rutas del comercio, los mercados y la cocina en México».
Esta situación -se lee en un pronunciamiento del SNPICD– promueve la violencia laboral, desalienta la participación de especialistas en proyectos institucionales y menoscaba la investigación.
Los investigadores ponen de su bolsa
«Aunque el problema no es nuevo, desde la llegada de Diego Prieto a la dirección general del INAH (2017) esta situación se ha recrudecido al grado de obstaculizar severamente las investigaciones, lo cual provoca, entre otras cosas, que en ocasiones me haya visto obligado a cubrir los gastos y salarios con mis propios recursos, no obstante que la institución cuenta con el presupuesto asignado al proyecto», señalan en sus respectivas cartas los titulares de los proyectos: Judith Hernández (San Juan de Ulúa), Alejandro Tovalín (Bonampak), Nicolás Ramírez (Cuicuilco), Julie Gazzola (Teotihuacan) y Amalia Attolini («Las rutas del comercio, los mercados y la cocina en México»).
Deploran la humillación que constituye la contratación de los investigadores por Capítulo 3000, pues «los ha llevado a situaciones humillantes, como es la condición absurda de registrarse en Compranet como prestadores de servicios, que nada tiene que ver con el carácter científico-académico del trabajo que desempeñan a cabalidad».
Aunque no suspenderán actividades, otros 49 titulares de proyectos de investigación manifestaron su adhesión, en sendas cartas, a sus colegas del INAH.
Y otros investigadores tienen que ‘pagar para trabajar’
Este esquema de contratación coloca al especialista como prestador de servicios y le obliga a presentar tres cotizaciones para una adjudicación directa a la más adecuada, proceso que tergiversa el INAH porque estas deberían provenir en realidad de tres personas distintas, señala en entrevista Gustavo Ramírez, dirigente del SNPICD.
«Este esquema de contratación está hecho para otro formato, para otra clase de servicios. La investigación implica personal especializado no solamente en la disciplina, sino en el conocimiento de un sitio, un periodo o un material en particular, y eso no lo hay en el mercado libremente; uno busca a la persona y dice: éste es el experto en la cerámica de tal periodo que necesito. Pero resulta que para poderlo contratar hay que prestarse a todo un esquema que huele a corrupción. No nos parece correcto», considera.
Además, se les pide a los contratados que paguen una fianza equivalente al 10 por ciento de su salario.
«Para que los puedan contratar primero tienen que pagar esa fianza, cuando muchos de ellos no tienen lo mínimo para vivir, entonces tienen que estar endeudándose para poder conseguir para la fianza. Prácticamente tienen que pagar para trabajar, y eso nos parece totalmente injusto e incorrecto».
Ramírez instó a las autoridades del INAH y a la administración pública federal a buscar esquemas que permitan la contratación de personal de investigación en los debidos términos y evitar los que propicien corrupción.
«Al final», advirtió, «esto repercute en que el INAH no pueda cumplir con sus actividades sustantivas«.
Tienen que protestar para que les liberen pagos
De manera consecutiva, los adeudos al personal contratados por Capítulo 3000 provocan protestas y movilizaciones de los investigadores afectados, que de este modo consiguen la liberación de sus pagos, en algunos sólo parcialmente.
Un ejemplo sucedió en mayo, cuando al menos 25 investigadores contratados para el salvamento arqueológico del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspendieron sus actividades.
Otro, en julio, luego de que más de 30 investigadores debieron realizar una manifestación en la Zona Arqueológica de Teotihuacan.
¿Pero, qué implica la contratación por Capítulo 3000?
De acuerdo con los investigadores del INAH, el esquema implica las siguientes condiciones:
-No se les expiden Oficios de Comisión ni identificaciones oficiales, ni documentos de reconocimiento de investigador del INAH en funciones operativas.
–No se les otorgan viáticos, por lo que deben solventar gastos básicos con sus propios recursos.
-El pago por el trabajo realizado se les cubre hasta con seis meses de retraso, y constantemente de manera incompleta.
–Deben adquirir con sus propios recursos equipos, materiales y herramientas de trabajo requeridos para el desarrollo de sus labores.
–Carecen de seguro de vida, médico y contra accidentes, a pesar de estar constantemente expuestos a situaciones de alto riesgo, tanto por las actividades inherentes a las labores de campo, como por los graves conflictos sociales y la presencia del crimen organizado en las regiones donde son enviados a cubrir sus labores.
–Se les niega el derecho a la autoría y coautoría de las eventuales publicaciones desprendidas de sus trabajos de investigación.
