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Bitácora del director

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Por Pascal Beltrán del Río

El largo brazo del crimen

A bordo de su vehículo Gol color gris, Gregorio Pérez Gómez esperaba a que cambiara la luz del semáforo sobre la avenida Prolongación Insurgentes, en San Cristóbal de las Casas, frente a la entrada del mercado, muy cerca del Palacio Municipal.
Eran las 8:55 de la noche del martes 10. De repente se le emparejó una motocicleta, en la que viajaban dos hombres. Uno de ellos se apeó y disparó seis veces contra el conductor del automóvil, quien murió en el lugar.
Tseltal originario de Yajalón, Pérez Gómez era el fiscal de Justicia Indígena del estado. Estaba a cargo de investigar los hechos violentos ocurridos el mes pasado en el municipio de Pantelhó, donde la actividad de un grupo delincuencial, que aparentemente había capturado el ayuntamiento local, hizo huir de sus casas a unos tres mil residentes.
Dicho grupo, conocido como Los Ciriles o Los Herrera, había sembrado el terror en la región de Los Altos. De acuerdo con diversos testimonios –entre ellos el del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez–, los criminales impusieron a la presidenta municipal interina de Pantelhó y luego lograron, mediante amenazas a los votantes, que el esposo de ésta ganara la alcaldía en los comicios del 6 de junio pasado.
En respuesta, se formó un grupo de autodefensa, denominado El Machete, que incendió el Palacio Municipal, hizo salir de Pantelhó a los integrantes de Los Ciriles y obligó a la autoridad estatal a instalar una mesa de negociación, cuyo primer resultado fue la creación de un concejo que se hizo cargo del ayuntamiento por el resto del periodo.
El fiscal Pérez Gómez había ordenado cateos contra dos propiedades ligadas a Los Ciriles, como parte de una investigación sobre ocho homicidios y la desaparición de una persona, ocurridos en marzo. Los cateos se realizaron el 13 de julio.
Cuando la procuración de justicia funciona, suele decirse que los delincuentes pueden huir y esconderse, pero al final siempre son alcanzados por “el largo brazo de la ley”. En el caso de México es el crimen el que parece tener la capacidad de dar con quienes algo le deben o le hicieron alguna afrenta. Y lo hace en cualquier momento, se encuentren donde se encuentren.
A Gregorio Pérez Gómez, asesinado el martes a unas cuadras de su oficina, en lo que alguna vez fue un apacible pueblo mágico, parece haberlo alcanzado ese largo brazo del crimen. Y contra eso, no parece haber defensa.
BUSCAPIÉS
*El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, evitó durante cien días pronunciarse sobre la ampliación de su mandato, argumentando que no tenía derecho a actuar fuera de los cauces constitucionales y que no estaba interesado en calmar la “sed de sangre” de “académicos y comentócratas”. Sin embargo, el viernes pasado, en una inopinada conferencia de prensa, anunció que terminaría su encargo en la fecha originalmente prevista, el 31 de diciembre de 2022, sin esperar a que el máximo tribunal debatiera el asunto. Cuestionado sobre el tema el martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apoyó la permanencia de Zaldívar hasta 2024, afirmó que éste fue “avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo”.
*Entonces, ¿qué propició el súbito cambio de señal de Zaldívar? ¿Fue producto de su interpretación de la Constitución o fue una forma de anticiparse al voto de rechazo de sus pares en la Corte? Una rápida consulta con fuentes informadas indica que lo segundo: que Zaldívar trató el asunto con el resto de los ministros en privado y, luego de hablar con cada uno por separado, calculó que no obtendría los cuatro votos necesarios para que el artículo décimo tercero transitorio de la Reforma Judicial, que ampliaba su mandato, no fuese declarado inconstitucional. El jueves 5 desayunó con López Obrador y el viernes hizo pública su decisión, sin avisar a sus pares, quienes se alistaban para recibir el proyecto que preparaba el ministro José Fernando Franco González Salas y que, se sabría el lunes 9, proponía declarar inconstitucional el transitorio.

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