Por Pascal Beltrán del Río
Una alternativa a la militarización
Dos mil once fue terrible para la seguridad pública en el estado de Coahuila. Presa del enfrentamiento entre los delincuentes de Los Zetas y el Cártel del Pacífico, la entidad registró ese año 685 homicidios dolosos, un promedio de 57 por mes.
Torreón era considerada la quinta ciudad más peligrosa del mundo y el municipio de Allende vivió una espantosa matanza, producto de un conflicto interno en el grupo de Los Zetas.
Once años después, la situación es radicalmente distinta. De acuerdo con datos oficiales, durante los siete primeros meses de este año han sido ejecutadas 78 personas, un promedio de 6.5 asesinatos mensuales. En lo que va de agosto, van ocho y nunca ha habido un día con más de uno.
En 2021, Coahuila tuvo una tasa de homicidio por cada cien mil habitantes de 4.35, cinco veces menos que la media nacional. En cambio, en las entidades vecinas de Chihuahua y Zacatecas la tasa fue de 54.97 y 69.91, respectivamente.
Frente a los ocho homicidios cometidos este mes en Coahuila, otros estados fronterizos los superan ampliamente: en Baja California ha habido 156; en Sonora, 69, y en Tamaulipas, 30. Coahuila comenzó a intrigarme cuando vi aparecer a Piedras Negras y Saltillo entre los cinco municipios con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, de acuerdo con la medición que hace el Inegi. Para mayores señas, Piedras Negras era la ciudad cuyo penal estaba bajo control de Los Zetas y en el que se cometían toda clase de delitos.
Evidentemente, algo ha pasado en Coahuila para que los asesinatos se redujeran a la quinta parte en un lapso de 11 años. Hay distintas versiones para explicar ese fenómeno, dependiendo de a quién le pregunte uno: desde la participación decidida de la sociedad civil y el empresariado en la coordinación de las tareas de seguridad pública hasta la extinción de Los Zetas.
Una de las explicaciones se expone en el libro Jaque mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional para la paz —escrito por el consultor político, catedrático y exvocero presidencial Rubén Aguilar Valenzuela y el exgobernador coahuilense y actual diputado federal priista Rubén Moreira Valdez—, que circula actualmente bajo el sello editorial Planeta. El libro, cuyo prólogo escribe el politólogo Jorge G. Castañeda, se concibió luego de una larga entrevista a Moreira realizada por Aguilar, quien fue su consultor durante la campaña para la gubernatura en 2011. Paralelamente, Castañeda y Aguilar han publicado trabajos sobre el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado.
He platicado con los coautores, por separado, en el noticiario que conduzco en Imagen Radio, y creo que vale la pena escuchar su planteamiento de cómo logró el estado zafarse del azote de la violencia. Su conclusión es que la militarización del combate contra el crimen —que comenzó, marginalmente, con el presidente Vicente Fox; se intensificó con Felipe Calderón y continuó con Peña Nieto y López Obrador— está destinada al fracaso. Lo que funcionó en Coahuila, argumenta el libro, es una “estrategia multidimensional” conducida por el gobernador, que incluyó seis “dimensiones”: economía, política, educación, cultura, recreación y seguridad.
Entre otras medidas, dice el libro, se privó al crimen organizado de fuentes de financiamiento, como la venta de alcohol, los giros negros, las carreras de caballos, las máquinas tragamonedas y el robo de vehículos y piezas automotrices.
En el rubro de la seguridad, se depuró a los más de 7 mil policías estatales y municipales y 320 agentes del Ministerio Público del estado, de los cuales una tercera parte fueron dados de baja. A quienes se quedaron, se les aumentó sustancialmente el salario. Si no fue la estrategia que se relata en el libro —que comenzó Rubén Moreira y ha mantenido su sucesor, Miguel Riquelme—, algo más tuvo que haber propiciado la mejoría en la seguridad pública de los coahuilenses.
En todo caso, valdría la pena que el gobierno federal tuviera la modestia de indagarlo, antes de insistir en la vía de la militarización de la actividad policiaca y la cesión del territorio (“abrazos, no balazos”), que están muy lejos de dar los resultados que espera la ciudadanía.
