WASHINGTON (AP) — Un legislador republicano solicitó el martes que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos realice una “evaluación de daños” luego de que se encontraron documentos posiblemente clasificados en las oficinas del antiguo instituto del presidente Joe Biden en Washington.
Mike Turner, miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, envió la solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, señalando que la retención por parte de Biden de los documentos es una “posible violación de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la Ley de Espionaje y Registros Presidenciales”.
Independientemente de una revisión federal, el descubrimiento de que Biden probablemente hizo un mal manejo de documentos confidenciales o presidenciales podría suponer un dolor de cabeza para el mandatario, quien dijo que la decisión del expresidente Donald Trump de retener cientos de documentos de ese tipo en su residencia privada de Florida había sido “irresponsable”.
Biden ignoró las preguntas sobre la cuestión el martes durante una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en México.
El lunes, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando “un pequeño número de documentos con etiquetas de confidencial”. Los documentos fueron hallados cuando los abogados personales de Biden limpiaban las oficinas del Penn Biden Center, donde el presidente tenía una oficina luego de que dejó la vicepresidencia en 2017 y hasta poco antes de que lanzó su campaña presidencial en 2019, señaló la Casa Blanca.
“Aquellos a los que se les confía el acceso a información confidencial tienen el deber y la obligación de protegerla”, dijo Turner en una carta a Haines. “Este asunto exige una revisión completa y exhaustiva”.
Los documentos fueron encontrados el 2 de noviembre de 2022, en un “armario cerrado” en la oficina, de acuerdo con un abogado especial del presidente Richard Sauber.
Sauber dijo que los abogados notificaron inmediatamente a la oficina de abogados de la Casa Blanca, que avisó a Archivos Nacionales y Administración de Documentos, que se apoderó de los documentos al día siguiente.
