Ciudad de México.- La violencia y la impunidad son constantes detrás del aborto forzado en México, de acuerdo con el reporte “Aborto: La realidad no contada”, elaborado por el equipo de investigación de la plataforma UNNA, especializada en la agenda de protección a la mujer embarazada.
El estudio fue presentado por la abogada y vocera de UNNA, Paulina Hernández Torruco, quien advirtió que eliminar el delito de aborto de los códigos penales dejaría en estado de indefensión a mujeres que son obligadas a interrumpir su embarazo contra su voluntad.
La impunidad y la violencia hacia la mujer, en especial hacia la que es forzada a acabar con la vida de su hijo que lleva en el vientre, es la consecuencia lógica si se elimina de los códigos penales el delito de aborto, explicó la especialista en Derecho, y agregó que la naturaleza de la configuración de ese tipo penal es, ha sido y debe ser la protección de la vida de la mujer embarazada y de sus hijas o hijos por nacer.
El informe expone que el aborto forzado concentra prácticamente todas las modalidades de violencia contra las mujeres, entre ellas abuso sexual infantil, violencia física, psicológica y emocional, coacción, chantaje, violencia económica, trata de personas y, en casos extremos, feminicidio.
De acuerdo con Hernández Torruco, la configuración legal del delito de aborto ha tenido como finalidad la protección de la mujer embarazada y de sus hijas o hijos por nacer, particularmente en contextos donde existe violencia, sometimiento o abuso.
Hernández Torruco señala en el documento en el que se hace un amplio desglose de las cifras de aborto en México, estado por estado, en donde se reveló una gran conclusión: La gran mayoría de personas procesados por el delito de aborto en México son hombres, no mujeres, lo que evidencia que el tipo penal del delito de aborto es un instrumento jurídico vigente para la protección hacia la mujer.
De acuerdo con la información del Reporte, agregó, hoy se tiene la certeza de que las mujeres que están procesadas por el delito de aborto, que no son más allá de seis, están presas no porque se hayan auto procurado un aborto, sino porque ayudaron o formaron parte de una coacción para que a otra mujer se le cometiera aborto o porque participaron en otros delitos incluidos el de aborto.
En entrevista, la especialista en Derecho y vocera de UNNA citó un caso ocurrido en el estado de Guanajuato, en donde un adulto abusó de una menor y al enterarse de que estaba en un embarazo avanzado la obligó a consumir pastillas para abortar. Contra su voluntad y mediante violencia física y emocional, la menor de edad abortó, sin embargo, la madre de ella se percató de los acontecimientos y denunció al violentador, quien fue procesado y sentenciado a diez años de cárcel y ocho meses.
Por otra parte, explicó que en el país no hay mujeres presas por abortar, la mayoría de las personas procesadas y sentenciadas son hombres. Esos datos son oficiales, provienen de todas las fiscalías del país y de otras instituciones municipales y locales encargadas de la procuración de justicia. Las cifras son reales, no hay sesgo ni ideología.
En materia de cifras, el informe señala que durante 2024 se abrieron al menos 841 carpetas de investigación por aborto forzado en México, mientras que en lo que va de 2025 se han iniciado otras 370. Actualmente, 71 hombres y siete mujeres se encuentran encarcelados por este delito.
El informe concluye que mantener este tipo penal es indispensable para visibilizar y sancionar la violencia que enfrentan mujeres embarazadas en contextos de abuso y coacción. (El Heraldo de Saltillo)
