Una jueza de Inmigración de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien llevaba nueve meses detenida, tras concluir que el Gobierno federal no logró justificar su detención durante una audiencia celebrada el pasado viernes.
La audiencia de fianza se realizó el 19 de diciembre, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado ordenara que se celebrara un examen de custodia al determinar que la detención de Vizguerra se había prolongado de manera inconstitucional.
En su resolución federal, la jueza Nina Y. Wang señaló que la detención acumulaba nueve meses y que, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, podía extenderse por meses o incluso años, según informaron integrantes del equipo legal de la activista mexicana.
Wang también indicó que el caso planteaba preocupaciones constitucionales serias, incluida la posibilidad de que el arresto y la detención hubieran sido motivados por represalias relacionadas con el activismo público de Vizguerra, actividad protegida por la Primera Enmienda.
De acuerdo con la información difundida por la organización “Comité de Servicios de Amigos Americanos” (AFSC), el tribunal federal solicitó pruebas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sostuvieran la detención y le exigió demostrar que Vizguerra representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.
Pero según la defensa, el Gobierno no logró demostrar ninguno de los dos supuestos a ojos de la magistrada.
La jueza ordenó la liberación de Vizguerra mediante una fianza de cinco mil dólares y rechazó imponer monitoreo electrónico.
La familia de la activista confirmó que planea pagar la fianza de inmediato, con apoyo del Immigrant Freedom Fund, para que Vizguerra sea liberada tan pronto como lo permita el procesamiento del caso.
Vizguerra, quien vive en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, seguirá sujeta a procedimientos migratorios mientras permanece en libertad supervisada.
La orden de fianza no resuelve sus impugnaciones de fondo a la deportación, ni los reclamos por presuntas represalias bajo la Primera Enmienda que continúan ante la corte federal.
