En un comunicado, la fiscalía del distrito central de California informó que de los cuatro detenidos, tres son indocumentados mexicanos y que se les imputan 29 cargos por presunto tráfico de fentanilo, metanfetamina y arm4s de fuego, incluidas las denominadas “arm4s fantasma”, que no cuentan con número de serie, por lo que son imposible de rastrear.
Los detenidos, que comparecerán esta tarde ante el tribunal del centro de Los Ángeles, fueron identificados como: José Luis Salazar-Cruz, de 44 años, alias Oso; Alfonso Salazar, de 46 años, alias Pirata; José Manuel Salazar, de 22 años, alias Lil Oso, y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, alias Sharky.
José Luis, Alfonso y Jorge Humberto fueron señalados por haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos.
Los tres son hermanos; José Manuel es hijo de José Luis. Además de estos cuatro detenidos, la Justicia busca a José Ángel López Paniagua, de 23 años, de Littlerock y coacusado en este caso.
Los cinco están imputados por un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para dedicarse al negocio de la compraventa de armas de fuego sin licencia y un cargo de dedicarse al negocio de la compraventa de arm4s de fuego sin licencia.
Salazar-Cruz está acusado de siete cargos por ser un extranjero en posesión de arm4s de fuego, siete cargos por distribución de metanfetamina, cuatro cargos por distribución de fentanilo, un cargo por tráfico de arm4s de fuego, un cargo por posesión de un artefacto destructivo y un cargo por posesión de un rifle de cañón corto no registrado.
Los demás acusados se enfrentan a diversos delitos graves: Paniagua está acusado de dos cargos de posesión de arm4s de fuego para facilitar un delito de tráfico de drogas, dos cargos de distribución de fentanilo, dos cargos de distribución de metanfetamina y un cargo de posesión de un rifle de cañón corto no registrado. Entre los cargos a los que se enfrenta Alfonso Salazar se encuentran la distribución de metanfetamina y la posesión de un arm4 de fuego por parte de un extranjero.
Entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, de acuerdo con la acusación, Salazar-Cruz utilizó aplicaciones de mensajería de texto, aplicaciones de mensajería cifrada, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para coordinar la venta de estupefacientes, entre ellos fentanilo y metanfetaminas, así como de arm4s de fuego. Los demás acusados se encargaban de intermediar en las ventas de drogas y arm4s de fuego entre proveedores y clientes y se reunían con los clientes para venderles las drogas.
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Salazar-Cruz y los demás acusados vendieron ilegalmente a compradores múltiples arm4s de fuego, entre ellas una pistola Glock calibre 45, un dispositivo destructivo de barrido de calles y un arma fantasma: un rifle de estilo AR de fabricación privada sin número de serie.
Según dijeron cuatro de los acusados a un comprados, las drogas provenían de Tijuana y Mexicali y eran transportadas en un camión de remolque que cruzaba la frontera. Paniagua obtenía las drogas de miembros del Cártel de Sinaloa y se las entregaba a Salazar-Cruz a cambio de dinero.
En caso de ser declarados culpables de todos los cargos, los acusados se enfrentarían a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y a una pena máxima prevista por la ley de cadena perpetua.
