Los ataques con coches bomba utilizados por organizaciones criminales en México pueden encuadrarse como actos de terrorismo, de acuerdo con Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad, quien consideró que el objetivo de esta táctica no es necesariamente provocar el mayor número de muert3s, sino generar miedo, demostrar capacidad operativa y producir un impacto social y mediático.
En entrevista con Infobae México, Sánchez analizó el regreso de los coches bomba en medio de la tercera oleada de este tipo de ataques registrada en el país y sostuvo que la explosión de vehículos cargados con explosivos cumple con características que han llevado a especialistas a considerar estas acciones como terrorismo.
“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. Es por ello que mucha gente habla de que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.
Su análisis parte del ataque registrado el 30 de agosto en Ojocaliente, Zacatecas, donde un vehículo cargado con alrededor de 200 kilos de explosivos fue detonado frente a instalaciones policiales. La explosión dejó 11 personas heridas y provocó daños en decenas de viviendas y vehículos.
El atentado ocurrió en medio de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción conocida como La Mayiza, que mantiene presencia y busca ampliar su control en distintas zonas de Zacatecas, según el análisis publicado por Insight Crime.
Para Sánchez, el caso ilustra una de las principales características de esta modalidad: la capacidad de generar un efecto que trasciende el número de víctimas.
¿Qué tendría que cambiar para que México investigue los coches bomba como terrorismo?
México ya contempla el delito de terrorismo en su legislación federal. El artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión para quien utilice explosivos u otros medios violentos para realizar actos contra bienes, servicios o personas que produzcan alarma, temor o terror entre la población, con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o particular.
A partir de esa definición, Sánchez considera que los ataques con coches bomba utilizados por organizaciones criminales pueden cumplir con los elementos establecidos en el tipo penal.
En el artículo de su autoría, “Las tres oleadas de coches bomba en México” —publicado el 7 de septiembre—, el especialista recordó que la mayoría de los atentados registrados en México con esta modalidad no han tenido como principal resultado un alto número de muert3s.
De los 28 ataques con coches bomba que identificó desde 1992, señaló, en 20 no hubo víctimas mortales, aunque sí heridos y daños materiales.
“Esto nos indica que estos actos son más simbólicos que enfocados en causar bajas, ya que lo que se busca es sembrar miedo entre la población, las autoridades y las organizaciones rivales”, escribió.
Sánchez consideró que este elemento resulta fundamental para el debate sobre terrorismo: un ataque puede producir un impacto criminal y social incluso cuando no deja un elevado número de víctimas mortales.
Sin embargo, aclaró durante la entrevista que investigar un ataque bajo la figura de terrorismo no resolvería automáticamente las dificultades para identificar y detener a sus responsables.
“El proceso no cambia el hecho de las investigaciones. Es igual de complicado a lo mejor dar con el paradero de alguien que perpetra actos terroristas que alguien que trasiega drogas o que tiene un enfrentamiento armado”, explicó.
Lo que sí podría cambiar, según su análisis, serían las consecuencias jurídicas de una eventual sentencia.
“Las penas agravadas por terrorismo pueden incrementarse de forma importante”, señaló.
El Código Penal Federal establece que la pena por terrorismo se aplica sin perjuicio de las sanciones correspondientes por otros delitos que resulten de los hechos, lo que permite perseguir de manera concurrente otras conductas relacionadas con un atentado. Además, la legislación mexicana contempla figuras específicas relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.
Sánchez también consideró que una acusación de este tipo podría tener implicaciones adicionales en la cooperación con Estados Unidos, particularmente cuando los involucrados pertenezcan a organizaciones que Washington ya clasificó como terroristas.
Seis cárteles mexicanos ya fueron designados como terroristas por Estados Unidos
El debate en México ocurre mientras Estados Unidos ya dio un paso distinto respecto a seis organizaciones criminales mexicanas.
El 20 de febrero de 2025, el gobierno estadounidense hizo efectivas las designaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras, conocidas como FTO por sus siglas en inglés, para seis grupos mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
Las designaciones formaron parte de un paquete de ocho organizaciones criminales latinoamericanas, que también incluyó a la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y al Tren de Aragua.
La precisión es relevante porque durante el debate público suele mencionarse que Estados Unidos designó a “ocho cárteles mexicanos”. En realidad, Washington incluyó a ocho organizaciones en total, de las cuales seis son mexicanas.
Para Sánchez, esta situación añade otra dimensión al análisis sobre los ataques con explosivos.
“Facilitaría la extradición a los Estados Unidos, precisamente porque ya se designó a ocho organizaciones como organizaciones terroristas”, dijo para Infobae México, en referencia al paquete de designaciones realizado por Washington.
No obstante, la designación estadounidense de una organización como FTO y la eventual aplicación del delito de terrorismo en México son procesos jurídicos distintos y dependen de las legislaciones de cada país y de las circunstancias específicas de cada caso.
La tercera oleada de coches bomba y el riesgo de “contagio”
En su artículo, el especialista identificó tres oleadas de ataques con coches bomba en México: la primera entre 1992 y 1994, la segunda entre 2010 y 2012 y una tercera que comenzó en 2024 y permanece activa.
La primera estuvo relacionada con la reconfiguración criminal posterior a la caída de los principales líderes del Cártel de Guadalajara y las disputas entre grupos que posteriormente consolidaron sus estructuras en Tijuana, Sinaloa y otras regiones.
La segunda comenzó con ataques atribuidos a La Línea, vinculada con el Cártel de Juárez, contra la entonces Policía Federal. Posteriormente, Los Zetas utilizaron esta modalidad en su confrontación con el Cártel del Golfo.
La actual oleada, explicó Sánchez, presenta características distintas porque el uso de coches bomba se ha concentrado principalmente en territorios disputados donde organizaciones criminales buscan ampliar o defender su presencia. Guanajuato, Michoacán y Zacatecas son algunos de los principales escenarios.
“Lo que distingue a esta tercera ola es su uso, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó.
Los explosivos no están dirigidos únicamente contra organizaciones rivales. También pueden convertirse en una demostración de fuerza frente a las autoridades.
“Demostrar este músculo para amedrentar a las autoridades y evitar que autoridades tanto locales como estatales ayuden a sus rivales”, señaló Sánchez.
En el caso de Ojocaliente, la capacidad de conseguir alrededor de 200 kilos de explosivos, colocarlos dentro de un vehículo y activarlos a distancia representa, para el especialista, parte del mensaje que buscan transmitir este tipo de organizaciones.
La tercera oleada también coincide con la expansión de otras tácticas explosivas, como drones cargados con artefactos y minas terrestres improvisadas.
Por ello, Sánchez advirtió que el principal riesgo no sólo es que aumenten los ataques con coches bomba, sino que otras organizaciones criminales adopten la misma estrategia.
“(El peligro es) que haya una especie de contagio, como pasó con el tema de los drones explosivos, como pasó con el tema de las minas terrestres antipersonales, que se den estos procesos de contagio y entonces que los imiten”, afirmó.
El especialista advirtió que todavía no es posible determinar si la actual oleada llegó a su fin o continuará durante el resto de 2026 y los próximos años.
“Ha habido importantes periodos sin ataques de coche bomba, pero no tenemos garantía de que vaya a haber otro periodo largo”, explicó.
Para Sánchez, el peligro es que esta modalidad deje de aparecer de manera esporádica y se convierta en una práctica continua dentro de las disputas criminales.
El caso de Zacatecas muestra el escenario en el que podría desarrollarse esa expansión. De acuerdo con Insight Crime, el aumento de la violencia en el estado coincide con la disputa entre el CJNG y La Mayiza y con una mayor utilización de coches bomba, drones explosivos y minas terrestres.
Así, mientras continúa el debate político y jurídico sobre si estos atentados deben ser reconocidos como terrorismo, Sánchez sostiene que el elemento central ya está presente: el uso de explosivos para generar miedo y demostrar capacidad frente a la población, las autoridades y los grupos rivales.
Información de Infobae
Publicado por Iris Camila Beltran
Publicado por Mauricio
