Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron las vías del tren en cuatro puntos de Michoacán tras un operativo de la Policía estatal, que la Sección 18 acusa fue ordenado desde la Fiscalía General de la República (FGR).
Benjamín Hernández Gutiérrez, Secretario General de la Sección 18 de la CNTE, aseguró que en una mesa con autoridades de los tres niveles les confirmaron que la orden provino de la FGR, aunque en las vías sólo vieron a Policías del Estado.
«Estábamos por instalar una mesa con el Secretario de Educación de Michoacán, en presencia con subsecretario de Gobierno de Michoacán, con el delegado federal Ignacio Campo, y con otros miembros más de la Secretaría de Educación en Michoacán, cuando nos informan compañeros que estaban en Maravatío que llegó Policía, pero en una actitud no de paz, sino en una actitud con garrotes en la mano, mangueras y se observaba que era inminente la agresión hacia compañeros», narró a REFORMA.
«Planteamos qué estaba pasando acá en la mesa, y lo que nos informa el delegado federal Ignacio Ocampo es que teníamos 40 minutos para llegar a un acuerdo, si no a las dos de la tarde se daba el desalojo. El subsecretario de Gobierno del Estado, Armando Hurtado, dijo que fue por instrucciones de la Fiscalía federal, pero vimos puro estatal, ningún policía federal».
Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Michoacán confirmó que efectivamente la orden de desalojo provino de la Fiscalía.
«Las acciones se efectuaron como parte del inicio de una Carpeta de Investigación por la @FGRMexico, ante la obstrucción de las vías en los municipios de Uruapan, Múgica y Pátzcuaro, mismas que impedían el tránsito de mercancías provenientes de Lázaro Cárdenas», tuiteó la SSP.
El líder del grupo autodenominado Poder de Base narró que se decidió que los manifestantes liberaran las vías en Maravatío, Pátzcuaro, Múgica y Uruapan para no crear un escenario de violencia, pero siguen apostados en las laterales en esas cuatro zonas, así como también en Morelia, Yurécuaro y Lázaro Cárdenas.
«Hoy mismo el Presidente de la República declarara que no iba a haber agresión, que se iba a privilegiar el diálogo, pero al llegar a una mesa te condicionan 40 minutos y si no se va a dar el desalojo», añadió.
«Una cosa es lo que se dice en los medios, pero otra lo que se está realizando, en medios se dice que hay diálogo, pero en los hechos está la represión y creemos que así no se puede avanzar, como Magisterio vamos a registrar y valorar junto con organizaciones cómo redireccionamos este movimiento, vamos a seguir con nuestras exigencias de los problemas, no de forma violenta, sino con diálogo».
La disidencia magisterial inició desde la mañana de ayer el bloqueo de al menos cuatro puntos de la red ferroviaria para presionar a las autoridades federales y estatales el pago de bono a maestros, así como la basificación de egresados normalistas.
Y buscan auditar finanzas educativas del Estado
En medio de la crisis que se respira en Michoacán por el bloqueo de vías ferroviarias, el senador morenista Casimiro Méndez anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir que las finanzas de la Secretaría de Educación Pública estatal sean auditadas.
El parlamentario echó en cara al Gobernador Silvano Aureoles que tenga dinero para desalojar a los maestros de la CNTE, pero no para cubrir sus salarios.
«No es posible que el Gobernador no tenga recursos para pagar los salarios de 32 mil maestros con calve estatal, pero sí cuente con recursos para desalojarlos», reprochó.
«Promoveremos un punto de acuerdo para auditar las finanzas de la Secretaría de Educación del Estado», adelantó para luego llamar al titular de Educación Pública del Gobierno federal, Esteban Moctezuma, a que agilice «la atención y solución de las demandas del magisterio».
Casimiro Méndez pidió al Gobernador Aureoles que explique «dónde está el recurso de la Federación para el pago de maestros. ¿Cómo es posible que se hayan destinado tres mil millones de pesos para el pago a magisterio y sigan atrasando su salarios?», cuestionó.
El parlamentario afirmó que la solución a la crisis no es la represión sino el cumplimiento de la obligación del Estado y el diálogo.
«No apostamos por la parálisis económica del Estado, pero nuestra apuesta será siempre el diálogo», agregó.
