Por Leo Zuckermann
Abunda el plomo en las campañas
El crimen organizado aprovecha la debilidad del Estado para capturarlo. Esto queda muy claro durante los procesos electorales. A los delincuentes les conviene que ganen los candidatos que serán sus empleados. No sólo porque se harán de la vista gorda para perseguirlos, sino que les permitirán hacer jugosos negocios con el dinero del erario.
La delincuencia organizada apoya a ciertos políticos para llegar al poder y, cuando ya son gobernantes, típicamente presidentes municipales, les exigen tres posiciones para ellos. Primero, al jefe de la policía para, obviamente, controlarlo. Segundo, al encargado de obras públicas para lavar dinero y capturar rentas de las constructoras. Tercero, al que lleva el catastro municipal, fuente apetitosa de información para extorsionar a los ciudadanos.
En suma, para los criminales es un negocio redondo apoderarse de las instituciones del Estado, sobre todo en los gobiernos locales. Y para ello aplican su tradicional estrategia de plata o plomo: o los compran o los matan.
La próxima elección de junio será la más grande de la historia. Entre otros puestos, estarán en juego casi dos mil presidencias municipales. No sorprende, entonces, los altísimos niveles de violencia política que hemos presenciado durante las campañas. Harto plomo. Lo que no sabemos, por razones obvias, es cuánta plata ha circulado.
Pero volvamos al plomo. Cito el último reporte de mayo de Etellekt, consultora especializada en análisis de riesgo:
“A 32 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas. El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres). La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018”.
Son números de terror: 79 muertos y un aumento de 64% con respecto a la elección pasada. Y todavía faltan tres semanas para los comicios del seis de junio. Una barbaridad.
La seguridad e impunidad con la que actúan los criminales en contra de los políticos es pavorosa. El pasado 13 de mayo, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, fue ultimado en la calle cuando hacía un acto de campaña. Tirado en la calle quedó su cuerpo acribillado. Los operadores de su campaña, con banderas del partido, lo veían sin saber qué hacer.
Al respecto, ahora cito un reporte de Lantia Intelligence de la consultora del mismo nombre:
“A diferencia de sucesos previos de violencia político-electoral —en que los candidatos son agredidos por suponer una amenaza a los intereses de organizaciones criminales—, en este caso La Línea (mafia regional) tomó venganza por acciones pasadas contra sus miembros, y buscó evitar, además, acciones futuras contra ellos que seguramente Murrieta hubiera promovido en caso de ocupar la alcaldía de Cajeme. Murrieta desempeñó un papel central en la investigación en contra de La Línea por el homicidio de nueve miembros de la familia LeBarón-Langford el cuatro de noviembre de 2019, como asesor y abogado de la familia. A partir de la presión y cabildeo que realizó en Chihuahua y Sonora han sido detenidos líderes y miembros clave de esta organización criminal. De triunfar en las elecciones, Murrieta hubiera continuado sus gestiones desde el municipio para que fiscalías y gobiernos estatales fortalecieran acciones en contra de La Línea. Además, contaría con protección del ayuntamiento y sería más difícil atentar en su contra”.
Vale la pena destacar que Murrieta se había desempeñado como procurador de justicia del estado de Sonora entre 2004 y 2012. A pesar de haber sido exprocurador, y ahora defensor de los LeBarón-Langford, no tenía un equipo de seguridad que lo protegiera. No acabo de entender esta situación. Por eso fue facilísimo para los asesinos dispararle a quemarropa y huir sin ningún problema.
