El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido blanco de una insistente campaña en medios de comunicación que pretende distorsionar ante la opinión pública los procesos operativos de la Dirección de Operación y Evaluación (DOE), así como la integridad de funcionarios de la institución, por lo que anuncia que está evaluando posibles acciones legales externas e internas.
En los primeros días de septiembre y a la fecha en al menos ocho medios de comunicación, a través de columnas, artículos y redes sociales de los mismos autores, se ha desplegado la propagación de información imprecisa.
A pesar de las aclaraciones institucionales y la explicación jurídica detallada sobre el Reglamento Interno del IMSS, los difusores de esta campaña en medios insisten en propagar versiones falsas y difamatorias.
El IMSS ha participado y seguirá participando activamente del esfuerzo de la Secretaría de Salud y Birmex para lograr la consolidación de la compra de medicamentos eficientando precios, con proveedores cumplidos y garantizando los volúmenes que requiere la institución.
El IMSS reitera que entre las responsabilidades y actividades de la DOE, a cargo de Javier Guerrero García, no están las adquisiciones de medicamentos, obra pública o cualquier tipo de actividades que no sean las de contribuir a una correcta operación y evaluación de las delegaciones en el país.
Los ataques al Instituto y a funcionarios públicos del mismo son producto de la afectación de intereses económicos de ciertos proveedores de medicamentos que los ofrecen a sobreprecio, así como también a cambios recientes de diversas áreas al interior del IMSS.
Como parte de la transparencia y ante la insistencia de la campaña mediática basada en hechos falsos, el titular de la DOE solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) una auditoría sobre los recursos que maneja el área a su cargo desde 2021 a la fecha.
El IMSS refrenda públicamente su compromiso con la transparencia y apego a las normas para el correcto uso de los recursos públicos y no cederá ante campañas de quienes han visto afectados sus intereses por incurrir en actos que lesionan el patrimonio del Seguro Social.
