Por Jorge Fernández Menéndez
Preguntas sin respuesta ante la violencia
El sábado tuve una plática sobre seguridad ante un importante grupo de colegas. Todos nosotros conmocionados ante lo que había sucedido en la última semana: levantamientos, asesinados, actos terroristas en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez, Tijuana, Michoacán, todo en medio de un profundo vacío informativo, sin autoridades que se hicieran cargo. Con el presidente López Obrador minimizando el tema y, como siempre, responsabilizando a Calderón; con una presidenta municipal de Tijuana que, escoltada por el jefe de la zona naval y militar, les pidió públicamente a los narcotraficantes que “les cobren (extorsiones) a los que no les han pagado, no a la sociedad”. Todo en otro fin de semana de casi un centenar de asesinatos por día (como todos los de los últimos meses).
La pregunta obvia es si la estrategia de seguridad ha fracasado o si simplemente, mientras no se mueva el índice de aceptación del Presidente, al gobierno sencillamente no le importa. Vamos a retomar aquí algunas de esas preguntas y aspectos muy puntuales de las respuestas.
¿Cuáles son los éxitos de la estrategia de seguridad?, ¿cuáles sus fracasos y pendientes?
No hay éxitos importantes, quizá, institucionalmente, la creación de la Guardia Nacional, pero no está inscripto en la lógica de una estrategia policial y de seguridad nacional, lo que le hace perder trascendencia. Han bajado, se supone, secuestros, pero no contabilizamos la cifra negra, hay un aumento notable de extorsiones, de muertos, de empoderamiento y control territorial del crimen organizado, que es lo más grave. Hay éxito local en CDMX, con Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, pero, paradójicamente, con la estrategia que AMLO no quiere seguir: inteligencia, información, datos, con fuerte capacidad operativa y golpes constantes para desarticular. La federal es una estrategia de mera contención, una no estrategia, con reacciones que son contenidas por las propias autoridades por razones políticas erradas. Todo parte de un mal diagnóstico de inicio: que entendía la pacificación del crimen organizado como si fueran grupos armados, guerrilleros.
¿Hasta dónde existe control del territorio por el gobierno federal?, ¿hasta dónde lo ha perdido?
El general VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dice que el 30% del territorio nacional está bajo control criminal. Es posible. El tema, más que el control territorial en sí, es el empoderamiento criminal que ha llegado ya, sobre todo en el ámbito local, a los espacios político-institucionales. Cada vez más los grupos criminales controlan municipios y regiones y comienzan a tener influencia en gobiernos estatales.
¿Es viable pacificar el país?, ¿cuánto tiempo nos llevaría hacerlo?
Por supuesto que es viable. Pero se requiere una estrategia que tendrá costos, no será con abrazos. No se trata de erradicar el crimen, sino de tener control. Hay límites que no se puede dejar traspasar y las organizaciones deben ser siempre desarticuladas con la mayor regularidad posible. Existe, dicen los especialistas, una suerte de diálogo implícito entre el Estado y los criminales, a cada acción corresponde una reacción: ¿qué reacción ha habido luego de que los criminales incendiaran, mataran, bloquearan en una semana cinco estados del país? Ninguna.
¿Hemos normalizado la violencia? ¿Da lo mismo hablar de 10, 20 o 100 homicidios en un día?
Pareciera que sí y eso se refleja en la violencia misma: si antes había que matar para intimidar, ahora se masacra, se tortura, se mutila; si antes no se tocaba a las familias, ahora son el objetivo las mujeres y los niños. Las propias familias se involucran también de todas las formas posibles. Nos hemos insensibilizado ante la violencia. No sólo ante los muertos, sino también ante los desaparecidos, más de cien mil.
¿Cómo impacta la inseguridad en la vida diaria de las familias y empresas?
El costo es altísimo, en calidad de vida, pero también económico. No hay una cifra cierta: datos del Inegi, según denuncias realizadas en 2021, ubican el costo en casi 2% del PIB, unos 277 mil millones de pesos. La cifra real es mucho mayor y los especialistas la elevan hasta el 8% del PIB. Por otra parte, nuestro gasto presupuestal en seguridad es uno de los más bajos del continente, es un tercio del de Colombia, incluyendo militares.
¿Qué implicaciones tiene que este sexenio se supere la cifra de homicidios del anterior?
Ya se superó, estamos en 130 mil muertos. Para el mismo periodo, Calderón tenía 53 mil 319 homicidios dolosos; Peña Nieto, 74 mil 737. Es la medida del fracaso, por eso mes con mes se manipulan cifras, pero lo cierto es que desde inicio de sexenio se mantienen los números en una meseta altísima.
¿Hay un problema de feminicidios o es parte del mismo problema de seguridad?
Hay un gravísimo problema de feminicidios. Es de diez a uno la diferencia de muertes entre hombres y mujeres, pero la violencia contra las mujeres es diferente, distinta y existe una violencia de género específica. Diez casos al día y miles de desapariciones.
¿Qué papel debemos jugar como periodistas ante la inseguridad?
Es clave. Hay que investigar, informar, pero sobre todo poner en contexto, lo que no suelen hacer las autoridades ni en ocasiones tampoco los medios. Hay que poner la información en contexto para sensibilizar y comprender la magnitud del fenómeno. Asumir la gravedad de lo que estamos informando y no frivolizarlo. Sin amarillismo y sin superficialidades.
