Por Yuriria Sierra
Misma fórmula
Las noticias, ambas, incendiarias, sin duda alguna. La captura de un exprocurador, una de las detenciones de más alto perfil y sobre uno de los casos que más duelen en la historia reciente del país. Y en horas posteriores, la puesta en libertad de quien es identificada como una rival política de Andrés Manuel López Obrador. Así, Jesús Murillo Karam pasó de nueva cuenta una noche en prisión mientras que Rosario Robles pasó un día más en casa. Y sería ingenuo pensar que tanto la orden de aprehensión como la decisión del juez en Santa Martha Acatitla llegaron con horas de diferencia por mera coincidencia. Rosario Robles pasó tres años y unos cuantos días denunciando que su encarcelamiento no estaba justificado, no sólo porque se basó a partir de pruebas demostradas falsas, sino porque no había sustento para privarla de su libertad, menos durante el último año, pues el Sistema Penal Acusatorio ordena que nadie pase dos años en prisión preventiva sin recibir sentencia, por ello, ayer por la mañana el Presidente reprochó la labor de los jueces.
Sin embargo, más allá de la espectacularidad y coincidencia de estos dos hechos, lo que el gobierno tendría que garantizar es que ambos lleguen a término. Y ése es precisamente el talón de Aquiles, porque en los últimos cuatro años la Cuarta Transformación se ha ufanado de los casos de alto perfil que ha llevado ante un juez, pero nada ha sucedido con ellos. ¿O qué sabemos de la condena y sentencia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por ejemplo? Llegó a prisión a partir de que fue descubierto en un restaurante de lujo, porque su estilo de vida dejaba en ridículo a una Fiscalía que ostentaba solidez en su caso.
A Jesús Murillo Karam le dictaron prisión preventiva justificada, la misma medida que en agosto de 2019 le fue dictada a Rosario Robles. El exprocurador tendrá mañana su audiencia de vinculación a proceso. Aunque la pregunta que debemos hacer es hasta dónde llegará la FGR. La orden de aprehensión girada en su contra obedece al informe del caso Ayotzinapa revelado 24 horas antes, un informe que, incluso a los padres de los 43 jóvenes, a los normalistas y a los expertos independientes dejó insatisfechos, porque señalan que no resuelve la duda sobre dónde están, sólo confirma lo que insistentemente informó la entonces PGR y que fue denostado por esta administración. ¿Hasta dónde llegarán las más de 80 órdenes de captura contra funcionarios, incluidos veinte mandos militares? El mismo sábado, durante la primera audiencia de Jesús Murillo Karam, el juez llamó la atención de los fiscales que presentaron el caso porque no iban debidamente preparados, así de mal es que las autoridades presentaron uno de los casos más importantes, rebosantes de improvisación. Incluso en el video de la detención se observa cómo los agentes hacen una pausa porque no llevan consigo la hoja para lectura de derechos.
El talón de Aquiles, la duda es si la misma fórmula aplicada en otros casos resultará en otro destino para el caso Ayotzinapa, contra Jesús Murillo Karam y el resto de los hoy señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, ¿quiénes serán quienes paguen por su muerte? ¿La FGR será capaz de llegar a término en cada uno de los casos o quedarán todos, otra vez, como mero acto político y mediático?
