Por Ivonne Melgar
El costo de decirle NO al general
Cuando a inicios de junio las dirigencias del PAN, PRI y PRD anunciaron una moratoria en el Congreso, adelantando que rechazarían las próximas reformas constitucionales del Presidente de la República, nadie explicó el porqué de la prisa.
Senadores priistas se inconformaron con aquella decisión que sepultaba la posibilidad de construir acuerdos en torno a las propuestas del gobierno para darle sepultura al INE y mando militar a la Guardia Nacional.
Faltaban tres meses para el inicio del segundo año de la Legislatura.
Hoy sabemos, de acuerdo con versiones compartidas por quienes diseñaron esa moratoria, que ésta fue la salida formal que los presidentes de los partidos de la coalición Va por México encontraron para responderle a los altos mandos militares con un contundente no podemos ni vamos a ir con ustedes.
Porque resulta que funcionarios de la Defensa, incluido el mismísimo general Cresencio Sandoval, tocaron base con liderazgos partidistas y legislativos para solicitarles su apoyo para la reforma que registraría en la Constitución el mando castrense de la Guardia Nacional.
En la dirigencia del PRI hubo dudas sobre el costo del rechazo. ¿Cómo negarle a un general secretario el voto para fortalecer la presencia militar en la vida pública si los gobernadores de la oposición también requieren de los uniformados?
Marko Cortés, presidente del PAN, asumió la tarea de pedirle a los mandatarios estatales de su partido que cerraran filas en esta moratoria, porque de lo contrario el uso político de la militarización legalmente avalada terminaría de sofocar a los opositores, al estilo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, donde actúan como brazo armado, un poder millonario, pernicioso y determinante para mantener la dictadura.
Cuentan testigos de aquella conferencia del 9 de junio que Jesús Zambrano, presidente del PRD, y su homólogo panista se miraban impacientes ante el retraso de Alejandro Moreno, imaginando si esta vez el gobierno lograría romper la coalición, una posibilidad que en la Semana Santa siempre estuvo latente y cuyo fracaso explica el enojo presidencial con los priistas, que le dio falsas expectativas de que aprobarían la reforma eléctrica.
Finalmente, el dirigente del PRI llegó y la moratoria quedó anunciada: al menos en la Cámara de Diputados habría cerca de 200 votos frenando cualquier cambio constitucional, una cifra holgada si consideramos que en las matemáticas de San Lázaro ese veto requiere de 167 de los 500 integrantes del pleno.
Podría decirse que la moratoria surtió efecto, al grado que esta semana quedó claro que el presidente López Obrador y Morena ya se resignaron a que no vale la pena ni el intento de presentar reformas constitucionales.
Por eso, el jueves el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó en la Cámara de Diputados que el próximo primero de septiembre el Ejecutivo hará uso de la iniciativa preferente, enviando un paquete de cambios a la legislación secundaria, a fin de garantizar por esa vía que la Guardia Nacional quede bajo control operativo y administrativo del Ejército.
Ayer tocó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y coautor de la fallida reforma electoral constitucional, pedirles a las bancadas de Morena, PT y PVEM que vayan preparando un paquete de ajustes secundarios para acotar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de frenar las sanciones a los precandidatos presidenciales de Morena en su anticipada campaña.
Y, aunque en el caso de llevar la Guardia Nacional a la Sedena, los conocedores sostienen que sería anticonstitucional buscar por la vía secundaria lo que obligadamente debe modificarse en la Constitución, el senador Emilio Álvarez Icaza nos alerta que el presidente López Obrador confía en la ruta de los supuestos 4 votos favorables que tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar la vigencia de las leyes impugnadas, como sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica. Y evitar que 8 de los 11 ministros declaren la inconstitucionalidad.
En espera de estos escenarios, Marko Cortés advirtió a la diputación del PAN que lo peor del sexenio para los opositores está por venir porque la persecución, los amagos de desafuero y los presuntos expedientes penales arreciarán. Les pidió seguir defendiendo al INE, rechazo tajante a la militarización y les confirmó el cabildeo del general Cresencio Sandoval, que hasta ahora no prosperó.
“Nosotros no creemos en las policías militares. Las democracias tienen policías civiles, las dictaduras tienen policías militares”, les dijo en una reunión en Boca del Río.
“La siguiente batalla por el país que se avecina es el intento de la militarización. Tengan la tranquilidad de que esto yo lo he hablado con nuestros gobernadores, lo he platicado con nuestros alcaldes. Lo he platicado con el propio general secretario de la Defensa Nacional”, contó el dirigente del PAN a los diputados.
Y dejó ahí la preocupación: “Si nos doblan en una de estas, nos doblan a todos e hincan a México”.
