Fue la voz de protesta más destacada en Nicaragua, al usar su púlpito para denunciar la detención de opositores por parte del Gobierno y la supresión de los derechos civiles. Luego, la semana pasada, fueron contra él.
El Obispo Rolando Álvarez fue detenido luego de que la Policía allanara su residencia y lo pusiera bajo arresto domiciliario, mientras que ocho de sus compañeros fueron llevados a la cárcel.
El impactante arresto de Álvarez el viernes, el clérigo de mayor rango detenido en América Latina por opiniones políticas en décadas, fue la medida más reciente y más agresiva del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra la Iglesia católica.
Hasta ahora, era la única institución que había escapado a su control tras 15 años de poder ininterrumpido.
Cuando Ortega, de 76 años, comenzó a purgar el año pasado a los pocos disidentes que quedaban en la política, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, los negocios y la cultura, la Iglesia en esta nación centroamericana profundamente religiosa asumió un papel cada vez más importante.
Más que fuentes de consuelo espiritual, las iglesias se convirtieron en los únicos lugares del país donde los ciudadanos podían decir lo que pensaban y escuchar a oradores que no eran designados por el Estado.
El Gobierno ya autoritario de Ortega derivó en una represión sistemática el año pasado, cuando quedó claro que carecía de un mandato popular para ganar otro periodo en las elecciones generales celebradas en noviembre.
Para retener el poder, convirtió al país en un Estado de partido único, encarcelando a todos los candidatos presidenciales de la Oposición y luego actuando para silenciar todas las demás voces disidentes.
Ahora, con el último clérigo influyente silenciado, Nicaragua ha alcanzado un hito, según activistas de derechos humanos, ex funcionarios y sacerdotes: el establecimiento del primer Estado totalitario en América Latina en el siglo 21.
«Están liquidando al último actor social importante de Nicaragua«, dijo Vilma Núñez, activista de derechos humanos nicaragüense y una de las pocas críticas al Gobierno que quedan en el país.
«Es un jaque mate contra la democracia».
Las entrevistas con sacerdotes, trabajadores de la Iglesia y feligreses en toda Nicaragua muestran que el arresto de Álvarez fue sólo uno de varios ataques en la campaña de meses del Gobierno para desmantelar el alcance de la institución en el país.
La Policía arrestó a otros siete sacerdotes desde junio por cargos que van desde abuso infantil hasta alteración del orden público. Ninguno ha sido condenado. Otro sacerdote provincial, Uriel Vallejos, pasó a la clandestinidad después de que las fuerzas del orden allanaron la estación de radio de su parroquia y rodeó su residencia durante varios días a principios de este mes.
La estación de radio administrada por Vallejos está entre los 10 canales católicos de radio y televisión que fueron clausurados por el Gobierno este año, privando a Nicaragua de los últimos medios de comunicación independientes con base en el país.
En julio, la Administración de Ortega prohibió la orden misionera fundada por la Madre Teresa y expulsó del país a las 18 monjas de la orden sin explicación alguna.
Su exilio siguió a la expulsión en marzo del enviado del Vaticano a Nicaragua, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag.
La ola de arrestos y expulsiones llevó al Papa Francisco a hacer una rara referencia el domingo pasado a la represión en Nicaragua.
«Me gustaría expresar mi convicción y mi esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica», dijo después de una oración pública en el Vaticano.
Los clérigos y misioneros que se han quedado en el país han sido sometidos a una campaña de miedo.
En el último mes, las autoridades prohibieron a la Iglesia realizar procesiones religiosas en las calles, impidieron que algunos sacerdotes oficiaran misa, colocaron patrullas policiales frente a las casas de los clérigos y llamaron a los sacerdotes para interrogarlos.
Las tensiones aumentaron aún más ayer, cuando una diócesis provincial de Estelí, en el norte de Nicaragua, emitió una dura crítica a Ortega, acusando a su Gobierno de promover el odio y matar a manifestantes pacíficos.
«Son ustedes los que están creando miedo y desorden en este país», se lee en el comunicado emitido por el clero de Estelí.
«Estamos tratando de reconciliar a las personas que están dividiendo con sus acciones. Afirmamos que es posible ser hermanos a pesar de nuestras diferencias».
Varios sacerdotes le dijeron a The New York Times que agentes de seguridad encubiertos y paramilitares progubernamentales habían estado monitoreando sus misas y tomando fotos de los asistentes.
«Hay una presencia constante y amenazante allí», lamentó Miguel Mántica, párroco católico en la capital de Nicaragua, Managua, refiriéndose a los servicios de su iglesia.
La represión ha tenido un efecto escalofriante en un país donde el Gobierno ha encarcelado a casi 200 políticos, empresarios, líderes estudiantiles, activistas sociales y periodistas durante el último año.
Los bancos de la iglesia que antes estaban abarrotados se han vaciado ya que los feligreses se han quedado en casa por temor a que los agentes los etiqueten como disidentes. Los sacerdotes que hablan abiertamente se han callado.
El clérigo más importante de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, y el máximo órgano de la Iglesia en el país, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La desmoralización se mostró este mes durante la celebración de Nuestra Señora de Fátima, una importante festividad católica. Una vez una procesión exuberante de miles, la conmemoración fue reemplazada por una caminata sombría de unos 400 clérigos y feligreses alrededor de los terrenos de la catedral de la capital, luego de que el Gobierno prohibiera a la Iglesia usar las calles.
Los presentes dijeron que la represión no había hecho mella en la fe del pueblo nicaragüense, pero reconocieron que el miedo había impedido que muchos se unieran a la celebración.
«Sabemos que este ataque contra la Iglesia no es sólo contra los católicos, sino contra todas las voces que se alzan en solidaridad con el pueblo», mencionó Inés Pérez, una católica de 60 años que vino a celebrar a Nuestra Señora de Fátima desde la cercana ciudad de Masaya.
«Aún desde el confinamiento podemos expresarnos, demostrar nuestra fe. No nos doblegarán».
