Carlos M. Urzúa
Un año y medio después de haber sido investido como presidente de Estados Unidos, Joe Biden logró, por fin, su primera victoria significativa al promulgar la Ley de Reducción de la Inflación. Se llama así debido al problema inflacionario que está sacudiendo a su país, y al nuestro y al mundo en general, pero los aspectos más sustantivos de esa nueva ley giran en realidad sobre asuntos ambientales.
Cuando Biden accedió al poder en enero de 2021 propuso un ambicioso plan para reactivar la economía de Estados Unidos y para, sobre todo, incentivar de manera significativa el mayor empleo de las energías limpias tanto en la industria como en los hogares de su país. El costo de su plan original era del orden de los 3.5 millones de millones de dólares en diez años, una cantidad exorbitante de dinero que sorprendió no solamente a sus contrincantes republicanos sino hasta a sus compañeros demócratas. Era una apuesta muy riesgosa a los ojos de todos. Al final, el plan que fue promulgado hace unos días se redujo de manera considerable a “tan solo” 430 mil millones de dólares.
La mayor parte de ese presupuesto será empleado para acelerar el uso de energías limpias en ese país. La meta del plan es reducir en un 40% la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Para tal fin, se darán estímulos fiscales a quienes empleen la energía solar y la energía eólica de manera intensiva. Como una consecuencia de ello se espera que en ocho años se cuente en todo el territorio estadounidense con 950 millones de paneles solares y 120 mil aerogeneradores (ventiladores como algunos dicen burlonamente aquí). Por otro lado, el gobierno ofrecerá incentivos monetarios a quienes adquieran automóviles eléctricos.
El plan ambiental de Biden podría conllevar, en principio, grandes beneficios para nuestro país. Esto no solamente por el estímulo a la producción de coches eléctricos, sino también por el enorme potencial que tiene México para la generación de energía limpia. Con imaginación y voluntad, que no nos falta, el país podría convertirse en un actor importante en la generación de energía eólica, energía solar, energía oceánica y hasta energía geotérmica. Aunque es una lástima, una verdadera lástima, que el gobierno con el que contamos en este momento no opine lo mismo.
Cabe finalmente preguntarse cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea financiar los grandes montos de dinero que requerirá esa nueva política ambiental de Biden, especialmente ahora cuando ese gobierno está decidido a reducir su déficit público. La respuesta a esa pregunta reside mayormente en una muy particular reforma tributaria: todas las compañías estadounidenses que tengan en un año utilidades superiores a los mil millones de dólares deberán pagar un impuesto mínimo del 15%.
Esa medida fiscal ya había sido sugerida antes en el país vecino, pero el poder de cabildeo de sus conglomerados industriales había sido un obstáculo difícil de enfrentar por parte de los congresistas demócratas. Dicho sea de paso, parecería a primera vista innecesario ese impuesto mínimo, dado que la tasa impositiva federal es allá del orden del 21%. Lo que sucede es que, tanto allá como acá, uno de los deportes más gustados por las empresas es la elusión fiscal.
