Por Yuriria Sierra
Precedente por los desaparecidos
Durante el próximo desfile militar del 16 de septiembre se hará entrega de la Guardia Nacional a la Sedena. Así se habría sugerido por el titular de la Secretaría, el general Luis Cresencio Sandoval, en la reunión del Gabinete de Seguridad de este miércoles en Palacio Nacional. Esto en consecuencia a lo anunciado por Andrés Manuel López Obrador, respecto a la institución de seguridad creada por esta administración y que pasará a manos de la dependencia que concentra a la fuerza militar. Ésa misma que durante la campaña se juró y perjuró que tendría mando civil. Ya el mandatario advirtió que seguirá la ruta de la reforma eléctrica, la de apostarle a su mayoría en el Congreso, para la concreción de este deseo. Ya la oposición señaló lo mismo: votarán en contra de cualquier iniciativa sobre esto. Veremos.
Y en este contexto, en que el Ejército cada vez tiene más tareas sobre la espalda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca de nuevo una línea que debemos tener bajo la lupa en los próximos días.
El 25 de mayo de 2007, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario, fueron víctimas de desaparición forzada durante un operativo militar en Oaxaca en el que participaron elementos de la Sedena, así como agentes del entonces Cisen y de la Secretaría de Seguridad del estado. Han pasado 15 años y, como siempre, la investigación quedó estancada. Quedó hasta hace unos días, cuando la Primera Sala de la SCJN falló un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos-Farjat, en el que se ordena que los militares adscritos a operaciones durante el mes de mayo de 2007 rindan su declaración ante la FGR.
Además, la Sedena debe permitir que integrantes de la Comisión Especial de Búsqueda ingresen a cuarteles militares para realizar diligencias que permitan conocer qué sucedió con los activistas. También, en un plazo de 30 días, antes de que la GN sea entregada a la Sedena durante el desfile por la Independencia, esta dependencia debe publicar un extracto de la resolución en la que se investiga la posible participación de sus elementos en la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
La FGR deberá hacer lo propio en su portal. Esto, guardando la identidad de los imputados. La finalidad, señala la Corte, porque “la búsqueda de la verdad y el acceso efectivo a la justicia son fundamentales para las víctimas a fin de encontrar respuestas sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos y a ver a los responsables enfrentar las consecuencias (…) La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a derechos humanos que somete a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero y destino de su ser querido, y además al verse compelidos a implementar por cuenta propia acciones de búsqueda e investigación e incluso a enfrentarse a diversos obstáculos institucionales…”.
En un país que en seis décadas ha registrado más de 100 mil desapariciones, fallos como éste ayudan a robustecer el camino de justicia. Esta abominable cifra revelada por el mismo gobierno hace unas semanas, precisan que el 97% de los casos ocurrieron a partir del 2006, pero hay casos acontecidos mucho antes que marcaron la historia y dieron pie a esta lucha contra el abuso de autoridad. Rosario Ibarra, por ejemplo, murió sin saber qué sucedió con su hijo, Jesús, desaparecido en 1975. Y lo más relevante: llega justo cuando la militarización es parte de la agenda diaria y su fantasma ronda esta nueva dinámica en que la fuerza militar es uno de los brazos institucionales con más presencia en las tareas de Estado. Por ello hay que poner sobre ella más lupas que nunca.
