Por Pablo Hiriart
Así se crea un narco-Estado
Venezuela pasó a ser narcoestado desde que se dio a las Fuerzas Armadas el papel de proteger los cargamentos de drogas que llegan de Colombia
BOGOTÁ, Colombia.- Militarizar el país y abrir los brazos a los grandes cárteles del narcotráfico fue la manera en que Venezuela pasó de ser una democracia ejemplar a un narco-Estado miserable.
El amasiato entre poder político, poder militar y cárteles de las drogas hace que un inepto en la Presidencia sea imbatible.
Escribo esto a propósito del debate que hay en México acerca de militarizar la Guardia Nacional y los múltiples encargos dados a las Fuerzas Armadas, que no rinden cuentas a nadie por el velo de la ‘seguridad nacional’.
México no es un narco-Estado, pero si se avanza en la militarización del país, acompañada de cuatismo con el narco, nuestro destino será el de los venezolanos.
Cárteles de las drogas y Fuerzas Armadas al servicio de un proyecto político es la fórmula del veneno.
En Venezuela, el chavismo no va a entregar nunca el poder, así pierda 10 veces seguidas las elecciones.
Si cae el poder en manos de la oposición, todos los integrantes de ese complejo político-militar-criminal que gobierna Venezuela estarán en riesgo de ir a la cárcel.
Peor aún: serían extraditados porque tienen orden internacional de captura, por narcotráfico.
Tras la pérdida del poder, lo que viene para ellos es la extradición.
Venezuela pasó a ser narco-Estado desde que se dio a las Fuerzas Armadas el papel de proteger los cargamentos de drogas que llegan de Colombia, y que gerentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación sacan del país gobernado por Maduro, vía aérea, hacia México.
Los protectores del traslado de drogas por el territorio venezolano son los militares, por lo que ganan fortunas, y para sobrevivir sólo tienen que impedir que gane la oposición.
Esa fue la clave del éxito chavista, para desgracia de los venezolanos de bien: militarizar, militarizar, militarizar, y poner a las Fuerzas Armadas al servicio de los narcos colombianos y de sus capataces mexicanos.
A los generales y altos oficiales de Venezuela se les conoce popularmente como ‘el cártel de los soles’, por sus insignias castrenses, pero en realidad no operan con la estructura de un cártel.
El ‘cártel de los soles’ es un revoltijo de autoridades del partido gobernante, Ejército, Marina, policías (militarizadas), servicios de inteligencia, comandos creados por el chavismo ‘para cuidar al pueblo’.
Sus cabezas son Diosdado Cabello –político y militar en retiro, compañero de Chávez en el intento de golpe de Estado–, el general Dimir Padrino –ministro de Defensa– y uno de los hombres más ricos del chavismo, exministro del Interior, exgobernador, Tareck el Aisam.
Todos ellos tienen orden de aprehensión en Estados Unidos, igual que el presidente Maduro.
Los militares venezolanos no necesitan ensuciarse las manos con el trasiego de la droga ni con embarcarla: sólo deben dejar hacer. También los gobernadores (del partido gobernante) tienen su rol y su tajada.
Quienes introducen la droga a Venezuela son las guerrillas colombianas, disidencias de las FARC y ELN. Disidencias, porque no se acogieron a los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia y volvieron ‘al monte’ a matar y a traficar con drogas en nombre del pueblo, de Marx, de Lenin y de la sociedad sin clases.
Son grupos criminales binacionales. Una de las disidencias de las FARC, por ejemplo, tiene en Venezuela mil 900 hombres armados –según informes de militares colombianos–, que son protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, en nombre de la patria grande de Bolívar.
Y el otro grupo disidente –que nunca quiso paz– tiene unos 5 mil guerrilleros en armas dentro de Colombia y en Venezuela.
Todos ellos, más el ELN (Ejército de Liberación Nacional), operan en Venezuela con la protección del ‘cártel de los soles’.
Los estados venezolanos que reciben el mayor volumen de cocaína para transportar a México son los de Táchira y Zulia.
Ambos están a tiro de piedra del Catatumbo colombiano, una de las regiones con mayor producción de coca y su derivado.
Táchira (Venezuela) es gobernado por Fredy Bernal, exjefe de la Policía Nacional y alto mando en los servicios de inteligencia de su país, que tiene los amarres con los líderes de las narcoguerrillas colombianas.
Y el estado de Zulia no sólo es importante por su inmensa riqueza petrolera, sino por ser caribeño: está inundado de pistas clandestinas desde donde salen los aviones con droga hacia México.
Los embarques son supervisados por gerentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Gerentes, porque esos grupos criminales no han mandado a Colombia y a Venezuela a sus sicarios, sino a especialistas que cuidan la calidad del producto y el transporte.
Al militarizar Venezuela y abrir los brazos a las narcoguerrillas colombianas y a los grandes carteles mexicanos, todo el andamiaje de poder en ese país gana dinero.
Y si sueltan el poder, o se traicionan entre ellos, pierden la libertad.
No hay manera de sacarlos, aunque este año tengan (prospectivas 2022 del FMI) una inflación de 500 por ciento y sea el país más peligroso de América Latina (Mapa ABC internacional de la criminalidad).
Tampoco hay posibilidad de alternancia en el poder ni de respeto a los derechos humanos.
Ese es un narco-Estado, que nació de la militarización, permisividad con el narco y la obsesión de perpetuarse en el poder.
